//9 de las 48 aves incautadas fallecieron// Los criadores afectados estudian acciones judiciales//
En el verano de 2022 un grupo de criadores de la provincia de Pontevedra denunciaba un “decomiso ilegal” y un “intento gratuito de desacreditar a los criadores de aves de Galicia”.
En aquella operación se incautaron 45 especímenes y tres huevos incubados de aves exóticas de diferentes tipos.
Auto dictado por el Juzgado
Después de las diligencias realizadas el Juzgado de Instrucción Nº 3 de O Porriño ha dictado auto de sobreseimiento, tras una denuncia formulada por agentes del Seprona de la Guardia Civil de Vigo.
Según el auto “Las diligencias practicadas no han permitido acreditar la existencia de los indicios iniciales acerca de la posible actividad comercial de los investigados en relación a especies subsumibles en el artículo 334 del Código Penal. (…), al tiempo que continúa afirmando que (…) Tal afirmación viene a corroborar el informe que la Directora Territorial de Comercio remitió en sede policial, y en el que se afirma que la actividad del investigado Sr. Ucha en su casa era lícita y conocida por el SOIVRE. (…)”
Los afectados recuerdan que en la denuncia se les “acusaba infundadamente a varios criadores de reconocida solvencia profesional de la supuesta comisión de varios delitos de tráfico de especies protegidas, concretamente de aves incluidas en el convenio internacional CITES, así como de falsedad documental, argumentando que la cercanía con Portugal facilitaba el tráfico entre ambos países, sin más argumentación que la indicada”.
Indican además que el 29 de junio de 2022, por parte de los agentes, asistidos por técnicos de Tragsa designados por el MITECO, se procedió a la incautación de sus ejemplares, un total de 48.
Todas las aves estaban debidamente registradas
Todo a pesar de que “los especímenes incautados constaban debidamente registrados, constando con la preceptiva documentación, por los agentes del EPRONA se insistió en el decomiso, bajo la falsa argumentación de que eran ejemplares indocumentados”.
Lamentan que, el 26 de julio, tras hacer diferentes gestiones la Justicia acordó la devolución de los ejemplares a sus propietarios no obstante “ hubo que requerir por el Juzgado en varias ocasiones al EPRONA para que procediera a la devolución de las aves”.
9 aves fallecidas
Las mismas fuentes apuntan a que “de los especímenes intervenidos, fallecieron 9 ejemplares en circunstancias que no han sido aclaradas ni por el EPRONA ni por los centros en los que fueron depositadas. Otras tantas fueron devueltas en malas condiciones”.
Insisten en que el SOIVRE “que tenían encomendadas a la sazón las facultades de inspección de CITES no sólo era conocedora de la actividad desarrollada por los investigados, sino que además informó al Juzgado de que la actividad era totalmente licita y ajustada a Derecho, al contrario de lo afirmado infundadamente por los agentes del EPRONA de la Guardia Civil”.
Recriminan a los agentes actuantes que “en lugar de haber consultado previamente a dicha autoridad” optaron “por inventarse una serie de delitos, sin respaldo de indicio ni argumento de ninguna clase, que provocaron la incoación de las diligencias previas indicadas, con el decomiso y posterior maltrato de las aves que se encontraban en posesión de los investigados para finalmente concluir que la actividad era perfectamente legal y ajustada a derecho”.
Las personas investigadas están valorando la posibilidad de interponer acciones judiciales “contra los agentes intervinientes, contra el MITECO, y contra otros tantos responsables que han provocado la muerte injustificada de varias aves protegidas por el convenio CITES, con el fin de que no vuelva a suceder nada parecido”.
