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sábado, julio 2, 2022

La Justicia rechaza un recurso de Carballido para suspender la ejecución de varios acuerdos plenarios

El recurso presentado por el alcalde de Ponteceso y las dos edilas del PSOE contra los acuerdos plenarios no ha prosperado.

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el gobierno socialista de Ponteceso encabezado por el regidor Lois García Carballido, contra los acuerdos adoptados por la corporación en el pleno del pasado 29 de marzo. Solicitaban la suspensión de los mismos. 

Distintos acuerdos adoptados por el pleno

En aquella sesión, la oposición mayoritaria en el pleno, sacó adelante propuestas como el cambio en la composición de las comisiones informativas, habilitar un despacho para los ediles, la derogación del reglamento orgánico municipal e impulsar un nuevo documento así como la modificación de la mesa de contratación.La oposición también sacó adelante la creación de una comisión de investigación sobre el polémico caso de las “cámaras de videograbación” y la contratación de una auditoría externa de cuentas.

La Justicia apela al interés general

El auto de la Jueza es claro:”Consideramos que con la suspensión solicitada,se causaría perjuicio al interés general, toda vez que, se estaría dando prioridad al interés particular de los recurrentes que discrepan de los acuerdos del Pleno, frente al interés general que representa legítimamente el Ayuntamiento demandado”.

Reacción del Partido Popular

Desde el PP ya se han hecho valoraciones:“Ten que ser un xulgado o que recorde que aínda hai democracia en Ponteceso a pesar do goberno municipal que temos”  sinalou o portavoz Daniel García.

“Non imos consentir que os caprichos de tres persoas sigan a prexudicar aos nosos veciños, que teñen todo o dereito do mundo a que se controlen as contas municipais, se faga un regulamento do Servizo de Axuda no Fogar ou se saiba dunha vez por todas o que sucede no despacho da alcaldía” afirmou.

García Cotelo tamén puxo o acento na polémica de los vídeos difundidos:“Graváronse e difundíronse conversacións privadas nunha dependencia municipal, e queremos saber con que autoridade se instalaron cámaras, quen as instalou e se aínda están instaladas”. 

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