A raíz del archivo de una pieza separa de la operación Pokémon sobre el Acuario de A Coruña, el paso del tiempo va demostrando que las instrucciones de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, carecen –en la mayoría de las piezas derivadas de la operación Pokémon– de un obligado y justo rigor procesal. Investigaciones basadas en simples conjeturas y suposiciones que no demuestran absolutamente nada, que carecen de indicios fehacientes o pruebas que pudieran demostrar o indicar de forma clara y concluyente la comisión de algún delito. Después de cuatro años, ocho piezas archivadas o frenadas por instancias superiores, sin haber sentado en el banquillo de los acusados a alguno de los investigados y sin una sola sentencia condenatoria. Instrucciones que tanto daño están haciendo a la imagen personal y pública de muchas personas, que indirectamente afecta a familiares y amigos de los investigados.
A lo que hay que sumar la falta de custodia de los sumarios, a los que solo deberían de tener acceso las partes implicadas, abogados y representados, -también en el momento de declararse el levantamiento parcial o total del secreto del sumario- y cuya difusión pública conlleva a que los ciudadanos hagan valoraciones en base a esa información filtrada y publicada, produciéndose ese juicio paralelo o pena de telediario que afecta a la intimidad, honorabilidad y al derecho a la presunción de inocencia al que todo investigado tiene derecho. Todo un escarnio público dilatado en el tiempo de personas que al final son inocentes. ¿Ahora quién repara todo el daño hecho a todas estas personas?.
Hemos visto y leído en muchos medios de comunicación, las transcripciones de conversaciones extraídas de los sumarios de las operaciones Pokémon y Pikachu, -la rama coruñesa- que obedecen a la intimidad de las personas y que son del todo irrelevantes. Es decir, no tienen ninguna incidencia en la persecución de los supuestos delitos que se investigan. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a eliminar de los sumarios aquella información que no tiene ninguna relevancia para la investigación, observando como esta cuestión no se cumple, vulnerándose la intimidad de las personas, al hacer público el contenido de muchas conversaciones enmarcadas en el ámbito privado.
Tengo el convencimiento que esta pieza separada no será la última que siga el camino del archivo, porque donde la magistrada ve un largo rosario de delitos –cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, soborno…....- la realidad y el tiempo demuestran que no hay nada de nada. Con sus procedimientos solo obtiene titulares de prensa que producen mucha indefensión.
Con todo, ¿qué papel juega el Consejo General del Poder Judicial?. Me llama la atención la inacción de este órgano de control de jueces y tribunales en casos como este. Esta inhibición conduce a que muchos ciudadanos pierdan la credibilidad y confianza en la justicia.
