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jueves, marzo 21, 2024

Las elecciones de 1936 fueron un fraude según el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa publican “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” en Espasa.

 

Rafael Lema

Los historiadores y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su obra «1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017) analizan las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 que oficialmente dieron el triunfo al bloque de izquierdas y fueron el preámbulo de los fatídicos acontecimientos de julio.

 Siguiendo una investigación rigurosa y con una aportación de datos fundamental para analizar el año más controvertido de la historia reciente de España o la verdad sobre el mito de la Segunda República y su colapso, los autores abordan cómo las elecciones sucedieron en un marco de violencia, nunca vivida en tal grado en un país aún afectado por las consecuencias de la revolución o golpe de estado de 1934, sin su juicio cerrado, con la campaña tomada por unos y otros a modo de vendetta entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

Largo Caballero

Los profesores no se explican por qué un gobierno presidió las elecciones dimitido en medio del recuento, sin que finalizase un escrutinio dejado en manos de los partidos de izquierdas, con múltiples irregularidades denunciadas en todo el país, un recuento de actas sin apenas interventores para validar la legalidad del resultado final, que en todo caso podría implicar una victoria mínima de cualquiera de los contendientes principales y la necesidad de una segunda vuelta crucial. 

En fin, abordan un tema inédito pero con fuentes precisas, análisis claros y cuyas conclusiones deberán ser contrastados por los incrédulos con algo más que soflamas y alegatos indignados, en esta revisión del mito del primer fracasado intento de vivir en democracia, como fue una República que entre todos mataron.

 Los autores destacan que el fraude electoral no fue en sí el detonante de la guerra civil, sino la aplicación inmediata de una política revolucionaria en donde el centrismo desapareció, ya que pese a las arbitrariedades denunciadas, los partidos antirrevolucionarios principales siguieron participando en las Cortes. 

El libro no entra a legitimar o no el gobierno del Frente Popular o la República, sino que analiza el último proceso electoral vivido en España en muchos años, aunque la denuncia acreditada implica al evaluación de la política de aquella época, del funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de los partidos, suponiendo un vuelco sobre los que hasta ahora mayoritariamente habíamos leído, con un buen número de próceres «inmaculados» que precisamente no guardaron las formas.

El clima de la campaña electoral fue de una inusual violencia, sin embargo los autores destacan que gracias al excepcional dispositivo del Gobierno, el pueblo pudo votar sin regularidades significativas en la jornada en España, salvo en provincias como Lugo y Pontevedra. 

La victoria del Frente Popular lo fue por su acierto al ir en coalición, ante la división de los adversarios principales, debido sobre todo a que el presidente Alcalá-Zamora se negó a que el partido mayoritario en las Cortes (CEDA) formara gobierno y convocó elecciones en condiciones claramente contrarias al bloque de centro-derecha. 

Ambos bloques aumentaron significativamente los votos, pese a que la asignación de escaños no fue pareja, ni la anulación de mesas. Aunque el asunto a ojos de hoy nos pueda parecer incomprensible, el escrutinio tardó cuatro días, y dos semanas clavar el resultado, pues aún hubo asignación y reasignación de escaños en un cambalache de sainete, con múltiples episodios deplorables e ilegales. 

Desde la noche electoral del 16 hasta el mediodía del 19, se desarrolló una campaña de agitación y violencia, con manifestaciones callejeras ilegales en pleno proceso electoral en todo el país, que hizo caer el Gobierno, incapaz de tomar medidas de orden público para garantizar un escrutinio ordenado y celerar elecciones allá donde hubieran de repetirse. 

El 19 de febrero los resultados estaban incompletos y en absoluto confirmaban una mayoría parlamentaria de izquierdas, pero el presidente abandona, y el radical izquierdista Azaña tomó el poder, en medio de una violencia impresionante destacada entre la tarde del 19 y la mañana del 22, que propició que el escrutinio en muchas provincias se viviera en un notorio ambiente de coacción, por ejemplo en toda Galicia. 

Por ello inciden en que «lo que fue una votación generalmente limpia se convirtió en un recuento adulterado que en un contexto de resultados apretados y aún abiertos, influyó decisivamente en el reparto final de escaños otorgando una victoria del Frente Popular». 

Incluso en esas circunstancias el número de votos de las candidaturas antirrevolucionarias superó con creces a los de los supuestos vencedores. «Sin el clima de intimidación y los fraudes probados, la mayoría podría haberse decantado hacia el centro derecha», inciden los profesores, aunque la imposibilidad de comprobar los resultados vertidos en muchos casos solo permite confirmar que cualquier bando pudo ganar, y que se hacía necesaria una segunda vuelta. 

José María Gil Robles

De hecho, indican los profesores que «lo que resulta innegable es que las falsificaciones probadas inclinaron el escrutinio a favor de las izquierdas». Las alteraciones del comité de actas, en manos de las izquierdas del nuevo gobierno Azaña, añadieron 23 escaños más al Frente Popular, más las 33 actas de las alteraciones de la primera vuelta. O sea, más de medio centenar de actas de las nuevas Cortes no salieron de una competencia electoral en libertad. 

El gobierno desamparó las libertades de los candidatos conservadores, en campaña y durante las votaciones, y los autores ponen muchos ejemplos, no lanzan un ejercicio retórico, pese a que a muchos les espante analizar todo y a todos en cualquier circunstancia histórica. Por ejemplo, las autoridades gubernamentales en Galicia hacen descarrilar la candidatura de las derechas para asegurar todas las actas a las izquierdas, promovieron fraudes y coacciones para obtener la victoria cuando iban perdiendo. 

Además, como luego certificó el culpable de este proceso en estas condiciones, Alcalá-Zamora, la gestión electoral del Frente Popular careció de precedentes cercanos en la historia de España en cuanto a la parcialidad. Hechos más graves habían causado pronunciamientos militares, sin embargo la oposición (CEDA y republicanos moderados) decidió permanecer en las Cortes. No tardaría en llegar el diluvio.

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