Uno de los mayores desastres medioambientales en España sale del olvido al pedir Arco Iris que los 26 millones de euros de depósito previo por el juicio se ejecuten destinándolos a medidas de regeneración ambiental y recuperación de los recursos naturales.
Milagros Lara
El 19 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige se hundía frente a las costas gallegas. 70.000 toneladas de fuel provocaban una inmensa marea negra que cubrió de chapapote 1.200 km de costa. Se prohibió la pesca y el marisqueo durante meses. La sentencia cuantificó el impacto ambiental en 4.328 millones de euros y Francisco Rodríguez, portavoz del BNG en el Congreso, cifraba en 126.000 los afectados en el sector pesquero. Sin embargo el sector pesquero no fue el único que sufrió las consecuencias, derivando los efectos negativos en el sector conservero y en el turismo.
Tres semanas después de la catástrofe el 13 de noviembre de 2002, las autoridades seguían sin plan de actuación para evitar los daños. La gestión descoordinada de las autoridades tuvo su respuesta en miles de ciudadanos colaborando en la limpieza. Una vez más la sociedad civil se hacía cargo de responsabilidades que tendrían que ser asumidas por las administraciones.
La conciencia social originaba la movilización de voluntarios que se unían a los pescadores para limpiar la costa de chapapote, mientras la administración pública se convertía en el peor ejemplo de actuación en comunicación en crisis: negación de la realidad, silencio y posteriormente descoordinación en mensajes a veces contrapuestos. Al mismo tiempo se constituía la plataforma ciudadana Nunca Máis reclamando que Galicia fuese declarada zona catastrófica y que se activasen ayudas económicas para compensar a los sectores afectados y recuperar la costa.
Diez años para una sentencia
Fueron necesarios diez años de investigación judicial y nueve meses de juicio para sentenciar que la decisión técnica de alejar el barco de la costa había sido la correcta para minimizar los daños ecológicos. El director de Marina Mercante, José Luis López-Sors en el banquillo, ninguna dimisión derivada de la gestión política y el capitán del barco, Apostolos Mangouras condenado a nueve meses de prisión, que el Tribunal Supremo aumentó a dos años en 2016. Esta condena por delito medioambiental supuso el pago de la responsabilidad civil que será afrontada por la aseguradora The London P&I Club, el capitán Mangouras y la armadora Mare Shipping. La sentencia del Supremo, según la asociación Arco Iris, supone “una victoria del ecologismo moderado, pragmático y realista” y abrir un precedente para la condena de futuros delitos ecológicos “consumados de una manera imprudente” al expresar la condena por ataque medioambiental.
Quince años después de la catástrofe la asociación Arco Iris, la única personada desde el inicio del proceso, reactiva la causa presentando un escrito en la Audiencia Provincial de A Coruña pidiendo que se destinen a intervenciones de regeneración medioambiental los 26 millones de euros que están en manos de la justicia como depósito previo al juicio.
La asociación se opone a que las cantidades pasen a la Intervención del Estado maliciándose que no se apliquen en la regeneración ambiental si ingresan en el Ministerio de Hacienda, proponiendo que los fondos que pueden ser movilizados, 26 millones de euros, sean invertidos en la recuperación y regeneración del Parque Nacional das Illas Atlánticas, Parque Natural de Corrubedo y marismas de Baldaio.
Aumento de la conciencia ecológica
La magnitud de los daños por el hundimiento del petrolero hizo crecer la conciencia ecológica en la sociedad, pero sobre todo en dirigentes y legisladores. Antes que el Prestige, la marea negra provocada por el hundimiento del Erika en 1999 ya había tenido consecuencias haciendo que la Unión Europea tomase medidas normativas como exigir el doble casco de los buques petroleros o reforzar las inspecciones portuarias. La catástrofe provocada por el Prestige ayudó a aumentar esa conciencia medioambiental entre los legisladores y políticos logrando que se adelantase la entrada en vigor de las nuevas normativas.
