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Nacho Louro

Nacho Louro

Español, gallego y coruñés. Disfrutando de la vida en pleno aprendizaje. De centro-derecha

En juego la credibilidad de España

Publicada: 17/03/2017

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Tempo de lectura: 10 minutos e 5 segundos.

Tras las elecciones de diciembre de 2015 España permaneció durante diez meses con un gobierno en funciones, con su acción limitada por ley, no pudiendo por ejemplo, aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado o presentar proyectos de ley en el Congreso o el Senado. Solo puede dedicar su acción a despachar los asuntos públicos del día a día sin que esta labor pueda suponer adoptar alguna medida que pueda comprometer o condicionar al futuro gobierno. En esos diez meses de bloqueo, todas las fuerzas políticas tomaron conciencia de que España no podía permanecer tanto tiempo en una situación de interinidad como la vivida. Paralelamente los ciudadanos manifestaban el desencanto, la inquietud y el distanciamiento con la política y sus representantes. Tras las  elecciones de junio de 2016, todos los políticos tenían muy claro que había que llegar sí o sí a formar gobierno y evitar una tercera aventura electoral. Eran tiempos en los que se hablaba mucho de “generosidad y responsabilidad”.

Con la negociación del decreto de la estiba, vuelve la burra al trigo. Adiós a la generosidad y la responsabilidad a la que no hace mucho se aludía con insistencia desde todas las partes. Hemos vuelto a tiempos en donde lo único que importa es el corral de cada uno por encima del interés general. El decreto pretendía liberalizar el sector de la estiba, el de los trabajadores que trabajan en la carga y descarga de los barcos en los puertos, para dar cumplimiento a una sentencia de diciembre de 2014 dictada por la justicia europea, que vino a dictaminar que el sistema actual que rige en los puertos españoles contraviene la normativa europea, por cuanto supone una limitación al libre establecimiento de las empresas de otros Estados de la Unión al imponerles tener que integrarse en una Sagep (sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios), participando en su capital social y con la obligatoriedad de tener que contratar a trabajadores seleccionados por esas sociedades anónimas. La norma del gobierno plantea la desaparición de estas sociedades en el plazo de tres años. 

Un colectivo de la estiba con salarios que rondan los 80.000 € anuales de media, con privilegios laborales que pasan de padres a hijos. De ahí su férrea oposición a la reforma, con anuncio de huelga incluido que supondría pérdidas millonarias y el riesgo de una deslocalización portuaria y desvío de mercancías hacia otros puertos extranjeros. Un duro palo a la economía nacional. Y todo a pesar de la generosa oferta de mantener los 6.000 puestos de trabajo (todo un privilegio en el mercado laboral de hoy en día) y prejubilaciones a partir de los 50 años, con pensiones garantizadas de más de 3.000 euros al mes (otro privilegio no recogido en el Pacto de Toledo). Estibadores que ayer brindaban con champagne. 

Como decía antes, vuelve la burra al trigo. La oposición ha vuelto por sus fueros y con gran irresponsabilidad a lo único que han jugado es a pretender humillar y dejar solo al gobierno del Partido Popular. Rápido han vuelto a tiempos pretéritos en los que lo único que parece importar es generar desconfianza e inestabilidad política y aumentar las dudas de que esta pueda ser una legislatura que llegue a término a base de diálogo, negociación y consensos. Los radicales morados, con su hashtag #EstibaDigna, con todo su discurso populista anti europeísta, hablando más de casta, corrupción y matonismo, que con puño marxista en alto celebró la derogación del decreto. Más del mismo y nada sorprendente circo podemita. El Psoe inmerso en su catarsis interna, con una gestora pro Susana Díaz que prefirió tomar las de Villadiego y votar en contra para no dar imagen de ser un aliado del PP, lo que supondría reforzar el discurso de Pedro Sánchez en plena batalla interna por hacerse de nuevo con la secretaría general. Un Psoe que hoy está muy alejado de la realidad política y social en toda España. Desde ayer también algo más de Europa. 

Los independentistas de la antigua Convergencia, pasando factura por la sentencia del TSJC que manda dos años a casa a Artur Mas. Y el señor Albert Rivera que el miércoles anunciaba el apoyo de su formación al decreto del gobierno y que el jueves cambió de opinión para abstenerse en la votación. Muy bien Sr.Rivera, todo un ejercicio de coherencia y responsabilidad política en tan solo doce horas. El líder naranja con su permanente puesta en escena, sigue demostrando que no es un aliado de fiar, menos aun leal. La animadversión hacia su homólogo Rajoy le impide actuar con altura de miras y sentido de Estado, prefiriendo instalarse en la demagogia y la incertidumbre. Siempre actuando con tibieza buscando el protagonismo de su formación y queriendo convertirse en juez y parte para todo.  

Será curioso ver a la oposición en la negociación de la financiación autonómica, demandando más dinero para las CC.AA para luchar contra el problema demográfico, mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales, sin importarles y asumir que su irresponsabilidad puede suponer una multa de 23 millones de euros y tener que asumir una sanción diaria de 135.000 euros que tendremos que pagar todos los españolitos de a pie por el incumplimiento de la sentencia. 

Se ha votado el desacato a una resolución judicial. A ver ahora cómo se las apañan algunos para exigir al gobierno catalán que acate y cumpla las sentencias de los tribunales de justicia. 

Vuelven a las andadas y volvemos a tener la sensación de que algunos están más preocupados en mirar por lo suyo que en trabajar por los ciudadanos y posibilitar una cierta estabilidad política que tanto necesita España para ir solucionando los muchos problemas sociales y económicos que tenemos encima de la mesa. Espero reflexione el partido socialista y el partido naranja y rectifiquen su postura de cara al nuevo intento de aprobar la norma la semana que viene, porque entre otras cosas, está en juego la credibilidad de España como socio preferente de la Unión Europea. Y esto, aunque muchos no lo crean, tiene su importancia. 

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