El gobierno de la república de Grecia acordó prohibir a partir de diciembre a los no vacunados entrar en restaurantes, estadios, cines, teatros, gimnasios y edificios públicos. Todo esto se simplifica, en opinión de algunos tertulianos o comentaristas, en el clásico: «Trata como te traten». En Austria a partir de febrero será obligatorio meterse la dosis que indique el gobierno.
En Europa se están produciendo manifestaciones que terminan en enfrentamientos con la policía por esta cuestión. En Bruselas, Róterdam, Roma, Londres, Breda, Zagreb, Viena, Copenhague. También en Australia. Los manifestantes consideran y afirman que estas normas tienen una derivación o transcendencia muy superior a la cuestión concreta del covid.
El especialista virólogo Luis Enjuanes expresó una opinión política de enorme calado. Enjuanes dijo que la Seguridad Social no debería hacerse cargo de los tratamientos a los no vacunados de covid. Escuchen al entendido: «Si ellos no colaboran con la sociedad, la sociedad no debe colaborar con ellos».
En España, vacunarse no es obligatorio. Hay personas que pagan sus cuotas a la Seguridad Social, pagan los impuestos correctamente, y no quieren vacunarse (aunque no es una vacuna), y que con sus cuotas y aportaciones a la sanidad pública se atienden a los enfermos de todas las patologías. A todos, también a los que no pagan.
El único criterio es la enfermedad. Se atiende y da siempre asistencia sanitaria a los enfermos sin entrar en consideraciones económicas, morales, religiosas, políticas, etc. Y muchos, yo también, (y también vacunado), estamos orgullosos de nuestro sistema. Por ello me surge la siguiente pregunta, ¿se puede violentar a un ciudadano que contribuye con sus impuestos al bien común?. ¿Se les puede forzar a esos contribuyentes solidarios a meterse un tratamiento que no desean?. Lo pregunta un vacunado. Por ello, lo manifestado por el virólogo Luis Enjuanes «Si ellos no colaboran con la sociedad, la sociedad no debe colaborar con ellos», en realidad ¿Qué significa?.
En España para imponer la obligatoriedad de la vacuna sería necesario aprobarla mediante Ley Orgánica dado que afectaría entre otros al derecho al trabajo, el derecho a la autonomía, a la integridad física, y un largo etc. Pero también es cierto que el Gobierno ya impuso restricciones a derechos fundamentales, que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales. La norma jurídica llevaría, o tendría que llevar aparejado, un sistema de garantías para el ciudadano y de deberes para la administración y la industria farmacéutica. Pero también un sistema sancionador para el ciudadano que no quiera aceptar esa norma.
Para muchos de los si vacunados, como es mi caso, lo más preocupante de la cuestión es la carga de profundidad política y jurídica que tiene la afirmación de «si ellos no colaboran con la sociedad, la sociedad no debe colaborar con ellos». Y es que lo normal en la historia contemporánea fueron los regímenes censitarios o capacitarios, y la excepción es el actual sistema universal.
