Los impuestos están para proveer bienes y servicios a todos los ciudadanos, lo que no está tan claro es por qué en nuestro país una parte de estos impuestos se derivan a pagar una colosal estructura política.
Cierto economista, fallecido hace unas semanas, nos decía que esta descomunal estructura política nos costaba unos 25.000 millones de euros al año. No os preocupéis! Tenemos a un sufrido autónomo con vocación de sufrimiento, al que el político del buen vivir utiliza como»cajero automático».
El 1 de junio entró en vigor un nuevo atraco a su economía, la nueva factura de la luz, cuya finalidad es seguir exprimiendo a los más necesitados, siendo este sistema un despropósito para los que no pueden cambiar sus hábitos de consumo. La finalidad está clara, un 55% de la factura son impuestos.
Me cuesta reconocer que un político, término en el cual me tengo que englobar, ante una economía tan frágil como la nuestra, soportada sobre un sector servicios y microempresas sobrecargue aún más al trabajador autónomo.
Ante la posibilidad de una nueva subida de la luz e impuestos y la engañosa bajada en las tarifas de la Autopista del Atlántico (AP9), traerá consecuencias devastadoras para estos trabajadores, proporcionando el aumento de las desigualdades.
¿Por qué no aplicar la reciprocidad al predicador político? Para frenar el aumento de las desigualdades, es necesario adoptar políticas sólidas y solidarias que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan una inclusión económica.
Una reducción drástica del gasto público en referencia al número de cargos políticos y administraciones paralelas. Utilizando esos recursos en un nuevo empoderamiento del autónomo.
