Todo ocurrió en el Palacio de las Cortes, sito en la Plaza de las Cortes, núm. 1, en Madrid, antiguo convento del Espíritu Santo de la Orden de los Clérigos Menores. Fue un día 23 de agosto de 2011 cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso la reforma de la Constitución «para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las administraciones públicas» (Vid. El Mundo 24 de agosto de 2011).
Al día siguiente, el 24 de agosto de 2011 la oligarquía partitocrática notificaba al pueblo español que «el PP y PSOE han cerrado el acuerdo para la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público. El pacto prevé vincular el déficit y la deuda pública a los límites que marque la UE para sus Estados miembros». (Vid. El País 25 de agosto de 2011).
Y sin más dilaciones, obedeciendo a Bruselas y Berlín, sin referéndum, sin consultar al «Pueblo Soberano», el día 2 de septiembre de 2011 las oligarquías procedieron a realizar el traspaso de la soberanía a Bruselas. El Reino de España dejaba de ser un ente independiente y soberano. PSOE y PP, además de los dos representantes de UPN (PP de Navarra), en total 316 diputados, de espaldas a sus ciudadanos, votaron a favor de la reforma que cedía la soberanía. Hubo cinco votos en contra (CC, UPyD y dos del PSOE -uno del ex sindicalista Antonio Gutiérrez y otro de un diputado de Baleares que se equivocó al apretar el botón-). También tres diputados de la corriente Izquierda Socialista no acudieron a votar por estar en contra. El PPSOE no aceptó ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios BNG, NaBai, ERC, ICV y por ello se ausentaron en el momento de la votación como gesto de protesta. Los representantes de CiU y PNV, pese a quedarse dentro del Hemiciclo no votaron.
El día 3 de septiembre de 2011, en Cinco Días, se informaba que «Blanco valora el «ataque de responsabilidad» de Rajoy al apoyar la reforma constitucional. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha defendido hoy en Pamplona la reforma de la Constitución aprobada ayer en el Congreso, que desvinculará los ingresos del endeudamiento para defender el Estado de bienestar, y que ha apoyado el PP en un «ataque de responsabilidad» de Mariano Rajoy». En definitiva el PSOE asumía la autoría intelectual de la reforma, y agradecía al PP su apoyo.
También el día 3 de septiembre de 2011, el actual presidente del Gobierno, que votó a favor del traspaso de la Soberanía, defendía las «justicias» de la misma en ElPeriódico, bajo el título de «Estabilidad y justicia social», y ello, al día siguiente de su aprobación. Por su claridad y brevedad reproducimos lo defendido hace 7 años por Pedro Sánchez: «Agosto fue un mal mes para la economía mundial. A ambos lados del atlántico volvieron a saltar las alarmas, y los más agoreros alertan del riesgo de recesión. No creo que estemos en ese extremo, pero sí reconozco la gravedad de la situación y la exigencia de que todos los países -también nosotros: España y Catalunya-, reforcemos la confianza del país respecto a nuestros inversores. Tal es el contexto que explica la urgencia de la reforma constitucional ayer aprobada.
Pero si inédita es la situación que atraviesa la economía internacional, y extraordinaria la reforma de una Constitución que no nos habíamos atrevido antes a reformar -pese a la evidente necesidad de revisión en algunos de sus preceptos-, el principio de estabilidad presupuestaria no lo es en absoluto. Nuestra legislación está repleta de estabilidades: la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, y el Tratado de la Unión Europea (UE) que recoge como elemento principal el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija los objetivos de déficit y deuda pública a los que nos debemos ajustar como estado miembro. Al elevar de rango el principio, reforzamos el compromiso del Estado con la estabilidad presupuestaria, cuestión que beneficia de forma clara a la economía española y a la catalana.
Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas. Diferencias que ya podemos ver (y los catalanes sufrir) en los ajustes que gobiernos conservadores, como el catalán, realizan: menos presupuesto en educación pública y más injusticia fiscal, al suprimir el impuesto de sucesiones a las rentas más altas. La estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar». Fin del artículo del actual Presidente del gobierno publicado hace 7 años.
Finalmente el día 5 de septiembre de 2011, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, en El País, reconocía que la reforma del PP y PSOE «nos sitúa ante una limitación de soberanía». Ante la histórica magnitud de los hechos, algo tendría que reconocer…
El hecho de la pérdida de soberanía venía siendo estudiado por los especialistas en la materia. Así, en la Revista de Derecho Político, núm. 50, 2001, págs. 55-82, el profesor Pereira Menaut publicaba el estudio DESPUÉS DE LA SOBERANÍA, e indicaba en una de sus conclusiones: «Europa está demostrando ser un potente corrosivo de lo que queda de España (pero hay que reconocer que, en parte, es por la actitud de la propia España). En efecto, por razones misteriosas (o no tan misteriosas), la Unión Europea parece como si disolviese en especial a algunos de sus miembros, como Bélgica, España o Italia, pero no a otros, como Alemania, Francia o Portugal». Y ello 10 años antes de la entrega de la soberanía de España a Alemania. En diciembre de 2011, el profesor Pereira Menaut consideraba, tras la humillación del 135, que, «España o lo que quede de ella va camino de ser un land alemán donde se habla inglés (de momento, como segunda lengua).(…), Los neonacionalistas españoles parecen felices.
Que el BNG proponga retrasar una hora en Galicia (si eso era o no lo más urgente, es otro asunto), dispara sus alarmas; que España sea un protectorado al que se dicta una reforma constitucional, y que no puede tomar unas medidas de choque sin consultar a Alemania y Bruselas (diciembre 2011), no merece mayor comentario. Si en un remoto instituto se examina de física en gallego a un alumno castellano-parlante, es casus belli; si el inglés estraga el español, si la cultura española resiste lo que la mantequilla a un cuchillo, all right». (Vid ¿Expaña? Un «land» alemán donde se habla inglés, El Correo Gallego, 15.02.2012).
Esa pérdida de soberanía, cesión realizada a Bruselas por el PPSOE tiene sus consecuencias. La peor, el dejar de ser un estado soberano. Más, las consecuencias se trasladan a la economía, que era el objetivo finalista de la reforma constitucional que imponía un único modelo económico. Por ello, al día de hoy los salarios en la economía gallega (y en todas partes del estado español), están al nivel más bajo en dos décadas y las rentas del trabajo representan ahora el 42,3 % del PIB de la comunidad gallega, cuando antes de la crisis suponían el 48 %. El último estudio sobre salarios elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), hecho público el 14 de diciembre de 2018, y que analizó La Voz de Galicia, en un artículo de Mario Beramendi, arroja luz sobre la realidad económica que se implantó con la reforma del 135 y con la cesión de la soberanía.
El peso de la remuneración de los asalariados o trabajadores gallegos en el conjunto de la economía se situó en el 2017 en el 42,3 %, la proporción más baja de una serie que arranca en el año 2000. La riqueza que antes de repartía a través de los salarios, ahora no se reparte, se lo queda el capital. Aumenta la producción, aumenta la riqueza, pero bajan los salarios. Así, en el 2009, la remuneración de los trabajadores gallegos era el 48 % de la riqueza, 5,7 puntos más que ahora. Estamos próximos al gélido infierno liberal capitalista.
No vamos a exponer más datos económicos. Es una obviedad la perdida de riqueza de la mayoría de la población por el modelo económico impuesto en el año 2011. Con mayor producción y riqueza la gente es más pobre. En Berlín y Bruselas deciden nuestros salarios. La «cuestión catalana» se decidirá, si ya no está resuelta, entre Bruselas y Berlín.
Los políticos de España solo actúan y gesticulan para aparentar que son necesarios y así cobrar su sueldo. No deciden nada. Ni el horario de España lo deciden ellos. De ahí el exceso de teatralidad sobre la cuestión de Cataluña. Fatua hiperactividad.
Tal vez el próximo alcalde de Barcelona sea un José Bonaparte. En cinco meses veremos a donde nos lleva el actual teatro.
