Con la tensa jornada del referéndum ilegal promovido por los golpistas del Gobierno de Cataluña, la primera consecuencia que se puede extraer es que la imagen de España ha quedado bastante dañada. Imagen que sin duda puede agravarse en los próximos días, con una huelga general convocada para mañana con miles de personas dispuestas a la violencia callejera y a sembrar el caos, o con la declaración unilateral de independencia que a buen seguro se producirá en pocas horas.
El 1-O no fue más que una nueva parodia en la que no había listado de mesas electorales, con urnas en la calle llenas de votos antes de iniciarse la votación chapucera y fraudulenta, sin censo, con papeletas sin sobre, sin interventores, con ciudadanos votando hasta cuatro veces y sin interventores ni control alguno. Una romería, que una vez más, hemos pagado todos.
Eso sí, había «observadores internacionales», protegidos por los Mossos d`Esquadra, que ayer por la noche estaban en la sede de la CUP haciendo balance de la panderetada. Que nadie sea tan ingenuo de pensar que estos señores, untados por los golpistas, van a emitir un diagnóstico imparcial. Ya conocemos como y que piensan.
Los únicos responsables de todo lo que viene sucediendo desde hace tiempo no son más que Puigdemont, Junqueras, Forcarell, la CUP, la ANC, Ómnium y demás, que llevan años saltándose, de todas las formas posibles, todo el ordenamiento jurídico, levantándose en rebeldía contra el Estado español, la democracia y el Estado de derecho, consiguiendo romper la convivencia pacífica en Cataluña, pero también en otros muchos lugares de España. Han generado mucho odio y sed de venganza. Una inmensa irresponsabilidad de los sediciosos que por el momento permanece impune. ¿No hay suficientes motivos para detener y poner a disposición de la justicia a tanto malhechor?. No van a detenerse sino se les detiene.
Responsables que cuentan con el apoyo de personajes como Otegi, las Mareas comunistas, formaciones independentistas como el BNG o Anova. O por un magistrado en excedencia y un juez-alcalde, que imparte clases de derecho procesal, que juraron cumplir con nuestro ordenamiento jurídico vigente, y por supuesto, de su norma suprema, la Constitución del 78. Señores que ahora reniegan de ese juramento. Señores a los que no les hemos escuchado ni una sola palabra para denunciar las tropelías de tanta ilegalidad manifiesta cometida por sus amigos golpistas y con los que hace semanas, celebraran la Diada en apoyo del referéndum ilegal.
Organizaciones políticas y representantes públicos que reclaman el «derecho a decidir».Derecho a decidir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico y que tampoco tiene amparo en el Derecho Internacional, en el caso de España, siendo en todo caso un derecho del conjunto de todos los españoles, no de una minoría.
Son muchos los que reclaman diálogo y una reforma exprés de la Constitución. ¿Qué se puede negociar con quienes han cometido tantos delitos de forma continuada?. No puede existir diálogo, cuando una de las partes no respeta las reglas del juego democrático, pretendiendo unicamente, sin ninguna voluntad negociadora, imponer sus ideas rupturistas. Cierto que la Constitución es susceptible de mejora en alguna de sus partes. Pero no es menos cierto que para abordar su reforma hace falta un clima de consenso alejado de las tensiones de tiempos presentes y sin un chantaje de por medio. Antes hay que tener muy claro qué se quiere cambiar y si hay mayoría para ello. Eso hoy en día es imposible, no es más que una ilusión.
Ayer vimos como la policía que tiene las competencias para mantener la ley y el orden en Cataluña, se ha convertido en una policía política al servicio de los intereses de los sediciosos. No podemos esperar a otra puesta en escena de Puigdemont y compañía, esta vez con la declaración de independencia.
Hay que aplicar ya el artículo 155 de la Constitución, tan válido como el artículo 2 o los 167 restantes. (Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España………podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general).
Se ha permitido mucho durante mucho tiempo. Permitir en su día el 9N fue un gran error que nos ha llevado a la actual situación. De aquellos polvos vienen estos lodos.Ya no hay otro camino posible para restaurar la legalidad y el orden en Cataluña.Y esto solo es viable si el Gobierno de España decide sin más dilación actuar por el interés general.
