El pasado lunes se celebró en María Pita un nuevo pleno maratoniano en el que una vez más no hubo presencia de ningún vecino en el olvidado y solitario escaño ciudadano. Será porque a punto de acabar el día, a nadie le apetece ir al salón de plenos a interpelar o a elogiar al Gobierno Local. Esta es una de las realidades de la política participativa de la Marea Atlántica.
En dicho pleno se sometió a votación un modificativo de crédito del presupuesto de este año del Instituto Municipal Coruña Espectáculos, IMCE, con el reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de 29 facturas por valor de 90.501 € y que se corresponden a gastos ejecutados sin autorización previa de la intervención, sin crédito y partida consignada en el presupuesto. Gastos estructurales derivados de la prestación de servicios o suministros incluidos en el programa de fiestas elaborado desde la concejalía de Culturas, Deporte e Coñecemento. Gastos reparados por el interventor, motivados por carecer de un expediente de tramitación administrativa o contrato de por medio.
Por cierto, en 2016 gastaron en fiestas aproximadamente un millón y medio más de lo presupuestado. ¿Qué prometían sobre gestionar las fiestas de la ciudad desde una política de austeridad?.
Modificativo de crédito que necesitaba de la aprobación del Pleno y que salió adelante con el voto favorable de la Marea y el PSOE, que desde hace poco más de quince días, parece tener marcado un rumbo definitivo hacia el entendimiento con los mareantes. El PP y el BNG se abstuvieron.
Con este modificativo se pagarán las facturas para hacer frente a las obligaciones de crédito contraídas con terceros por el ayuntamiento, «de forma irregular», como se mencionó en el pleno en alusión al informe del interventor municipal, evitando así que los acreedores acudan a la vía judicial. Desde el inicio del mandato el interventor se ha visto obligado a poner más de 200 reparos de legalidad a gastos generados en el IMCE que superan el millón doscientos mil euros.
Reparos suspensivos que puede levantar el alcalde. Una forma de tramitar y pagar que debe ser una «excepción», pero que la Marea está convirtiendo en una norma habitual en su mandato. Hasta aquí lo que parece más que evidente, es que la gestión en el IMCE, donde la Marea tiene mayoría, se está llevando a cabo de forma caótica, improvisada y llena de irregularidades administrativas.
Todas las administraciones exigen a los ciudadanos que cumplamos con la normativa vigente, pudiendo ser sancionados en vía administrativa o judicial en caso de contravenir las normas establecidas.
Y digo esto, porque del pleno del lunes lo que me llamó poderosamente la atención, según pude escuchar, es que el interventor viene advirtiendo a lo largo del 2015 y 2016 de la comisión de «irregularidades e ilegalidades» en el IMCE, por cuanto se han realizado contrataciones de todo tipo de espectáculos, actos y eventos al margen de lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público para los requisitos, procedimientos y formas de adjudicación. Cuestión sobre la que parece se ha querido pasar de puntillas y que como ciudadano me resulta difícil de comprender. Más cuando algunos hacen gala de una gran transparencia en su gestión. ¿Puede existir algún delito?. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lecciones las justas.
