Siempre que se acercan las elecciones en Galicia e inmersos en plena campaña electoral, vuelve a la palestra desde la órbita del nacionalismo como recurso electoral y arma de confrontación política, la cuestión lingüística en el ámbito educativo. Este pasado fin de semana la candidata nacionalista Ana Pontón, anunció, entre otras medidas para la defensa del idioma gallego, su intención de derogar el decreto de plurilingüismo del gobierno de Feijoo, acusando al candidato del PP de competir con Ciudadanos en ver quien aplica la normativa más «antigallego».
Hace algunos meses, desde la Mesa pola Normalización Lingüística se inició una campaña para la presentación de mociones en muchos ayuntamientos gallegos para, según explica ésta organización, hacer más visible en Galicia y en el mundo que son mayoría los gallegos que quieren poder ejercer con libertad el derecho a vivir en su lengua propia, reclamando a la Xunta de Galicia que se cumplan los acuerdos ratificados a nivel internacional como la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias, CELRM. Que se sepa, a nivel individual o colectivo a nadie se le priva del derecho a vivir, expresarse, comunicarse o sentir como propia y única lengua el gallego. El monolingüismo es un derecho, al igual que lo es el bilingüismo.
El texto de la moción insta al gobierno gallego a dar cumplimiento a la CELRM y solicitan, entre otras cuestiones, elaborar un nuevo decreto para el uso del gallego en la educación, reclamando la derogación del actual decreto 79/2010 de plurilingüismo de los artículos que ponen límites al uso del gallego en la aulas, como las porcentajes de materias a impartir en gallego o la prohibición de impartir en lengua gallega materias como las matemáticas o las consideradas científico técnicas.
La Mesa pola Normalización Lingüística y otros colectivos pro-gallego, pretenden trasladar a los ciudadanos, de forma engañosa, que el Comité de Expertos del Consejo Europeo viene a determinar, y por tanto exige, que la enseñanza obligatoria (infantil, primaria y secundaria) tiene que ser en gallego para la totalidad del alumnado. Nada más lejos de la realidad. La CELRM no exige el gallego de forma obligatoria para todos los alumnos, solo dice que la enseñanza en gallego pueda ser accesible para todos los escolares, si los padres así lo eligen.
El Comité de Expertos lo que hace es recomendar a las autoridades que existan suficientes centros educativos que impartan la educación íntegramente o básicamente en gallego para aquellos alumnos que sus padres así lo deseen, siempre y cuando esto pueda ser asumido por los gobiernos. Hoy por hoy, una utopía. Lo mismo tendría que pasar con el castellano. El espíritu de la CELRM va encaminado a conservar las lenguas en un determinado país y facilitar el uso a sus hablantes, pero sin restar derechos a los hablantes de otras lenguas oficiales como el castellano. Es decir, rechaza la imposición, el enfrentamiento entre las lenguas oficiales.
En cuanto al decreto de plurilingüísmo conviene recordar que el TSXG anuló dos cuestiones básicas del decreto. La primera, la consulta a los padres de niños de infantil para determinar cuál es la lengua predominante y por consiguiente cual se tendría que usar en las aulas, entendiendo que la potestad de elegir la lengua es de la propia administración, no pudiendo la consulta ser vinculante. Y la segunda, que los alumnos no pueden elegir y utilizar el castellano o gallego según prefiera porque, entre otras cuestiones, va contra la Ley de Normalización Lingüística. El resto del Decreto se ajusta a derecho. La RAG recurrió el fallo del TSXG ante el Tribunal Supremo, que desestimó su recurso de casación, avalando la legalidad del Decreto y argumentando que en ningún caso va contra lo establecido en el Estatuto de Autonomía o la Ley de Normalización Lingüística.
Con todo, indiscutiblemente el decreto estableció un equilibrio entre el gallego y el castellano, dejando atrás tiempos de enfrentamiento social por culpa del idioma en las aulas, e incorporó la posibilidad de adquirir conocimientos en otras lenguas extranjeras, lo que sin duda va en beneficio de una mejor formación de los alumnos. Hoy son cada vez más los centros educativos que solicitan acogerse al modelo plurilingüe. El 75% de los centros sostenidos con fondos públicos. Para el próximo año serán cien mil los alumnos que tendrán acceso a la enseñanza en castellano, gallego e inglés.
Como decía al principio, instituciones, partidos políticos y plataformas de la órbita del nacionalismo, ante la cercanía de unas nuevas elecciones vuelven abrir el melón de la cuestión lingüística haciendo de ella la bandera de todas sus políticas. No con la intención de buscar la libertad de uso en la enseñanza, sino con la de volver a la imposición lingüística del pasado, rechazada en su momento por la mayoría de la sociedad y no aceptada por el Tribunal Constitucional que prohíbe que haya un sistema que obligue a todos los alumnos a estudiar en una lengua cooficial.
Lanzo esta pregunta para la reflexión, ¿por qué no modificar la Ley de Normalización Lingüística para tener libertad de elección?. Que cada alumno estudie, se exprese de forma oral o escrita y se comunique libremente en castellano o gallego indistintamente, sin que exista ningún tipo de cortapisa para ello, como hacemos los ciudadanos en general y hacen los alumnos fuera de las aulas. Así se estaría cumpliendo con todas las normas establecidas y se favorecería mucho el día a día del alumnado.
Como españoles y gallegos disponemos de dos lenguas oficiales, a diferencia de otras regiones de España. Que se abandone el permanente enfrentamiento lingüístico y apostemos por la convivencia pacífica de nuestras dos lenguas, siempre desde el respeto y la libertad de uso y no desde la imposición.
