Sabemos que el refranero español es una extraordinaria recopilación de miles de frases y expresiones que de alguna manera recogen la forma de ser, la filosofía y sabiduría de los españoles. En nuestra vida cotidiana siempre echamos mano de algún refrán para ilustrar nuestras conversaciones. Pues bien, voy a echar mano de uno de esos refranes tan sabios para desmontar el discurso de las Mareas, que han engañado a sus votantes prometiendo dar solución a muchos de los problemas de los ciudadanos, y que después de meses de desgobierno, no solo no han sido capaces de ofrecer y aplicar esas prometidas soluciones, sino que se niegan a una colaboración institucional en beneficio del ciudadano. «No es lo mismo predicar que dar trigo«.
Una de las promesas más escuchadas meses atrás por parte de las Mareas era la de poner fin a los desahucios. Para ello no se cansaron de hacer política de calle, politizando con manifestaciones y protestas, muchas situaciones de desalojo de viviendas y lanzamientos judiciales derivados en gran parte de litigios entre particulares, acusando a los gobiernos de turno de no hacer nada, de mirar hacia otro lado ante el drama de muchas familias que se veían abocadas a perder su vivienda, principalmente por no poder hacer frente a los créditos hipotecarios.
Acabar con los desafiuzamentos, era una de las promesas estrella de los nuevos gobiernos populistas. En La Coruña, Marea Atlántica se comprometía con el punto 13 de su programa electoral a «paralizar los desahucios». Nada más lejos de la realidad. Según datos ofrecidos por los juzgados, los desahucios en la ciudad herculina aumentaron un 20% en el primer trimestre de este año. De cada cuatro desahucios tres son de viviendas, el resto lo son de locales comerciales. Y ante esta situación actual, la solución que aporta el gobierno local, a través de su concejala de Xustiza Social e Coidados, es el mismo discurso populista de hace meses, cuestionando los datos ofrecidos por el juzgado, argumentando que el problema de los desahucios tiene su raíz en las políticas públicas en materia de vivienda de los últimos años y no en la crisis económica, y que el Partido Popular poco o nada ha hecho ante este problema. Eso sí, todo eso sin mencionar cuáles son las medidas puestas en marcha por su equipo hasta el día de hoy. Llegando a mentir públicamente, al asegurar que el ayuntamiento había enviado a los juzgados coruñeses un folleto informativo para los afectados por un desalojo. Folleto que los funcionarios de la oficina de notificaciones de desahucio niegan haber visto y tener conocimiento del mismo. Es decir, la misma arenga populista, larga y pesada que nada aporta y nada soluciona. Por cierto, ¿dónde está hoy Stop Desahucios habiendo más desahucios en nuestra ciudad?.
Pero la realidad es la que es. Frente a ese discurso populista vacío de soluciones reales y efectivas, los gobiernos del Partido Popular, conscientes de la dimensión del problema de la vivienda que afecta a muchas familias, sí han sabido reaccionar e implantar medidas concretas, saliendo así en auxilio de muchos ciudadanos. Una de las medidas que adoptó el gobierno en Madrid, fue la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, por la que se estableció la normativa de suspensión de lanzamientos de ciudadanos afectados por un procedimiento ejecutivo hipotecario. Suspensión que ha vuelto a ser renovada hace dos años y que hoy sigue vigente. Medida que ha permitido a muchos afectados poder seguir viviendo en sus casas.
Otra de las medidas impulsadas desde el gobierno central fue el alquiler social, llegando a acuerdos con distintas entidades bancarias o el Sareb (banco malo), por el cual todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca de la misma, pueden optar al alquiler de un piso propiedad del banco que les desahució, en las condiciones que establece el convenio firmado entre el gobierno y las entidades de crédito. Una medida con una duración de dos años y un alquiler con rentas que oscilan entre los 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Desde la Xunta de Galicia con la ayuda al alquiler, con un máximo de 200 euros para personas con problemas para pagar su rentas. A nivel municipal, las ayudas de emergencia social, destinadas a cubrir entre otros conceptos, pago de alquileres, cuotas hipotecarias o cuotas de la comunidad de vecinos. Ayudas que el anterior gobierno del PP en María Pita triplicó para poder dar cobertura a todas estas situaciones. Gobierno del PP que consiguió paralizar unos 800 desahucios, tras establecer en 2013 un protocolo de actuación con los juzgados para actuar con la mayor celeridad posible ante un caso de exclusión social. Por cierto, protocolo que Xulio Ferreiro anunció su revisión el pasado mes de octubre y por el momento nada nuevo sabemos. Sin olvidar las más de 79 viviendas de titularidad municipal, que se encontraron tras la elaboración de un inventario municipal, y que el gobierno del Sr. Negreira puso a disposición de los vecinos en régimen de alquiler para favorecer el acceso a un piso a familias con bajos recursos económicos.
Hace unos días, la Consellería de Infraestructuras e Vivenda, presentó un programa de 12 medidas encaminadas a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda y evitar los desahucios, (Programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias, Convenios con el Consejo General del Poder Judicial, con el Sarebo o el Valedor do Pobo, Programa Reconduce, Plan RehaVita, Bono de Alquiler Social…….).
Una de las medidas recogidas en ese plan, es el Programa de Vivendas Baleiras, puesto en marcha en colaboración con los ayuntamientos con el objetivo de devolver al mercado muchas viviendas desocupadas, tanto de la administración, del Sareb o de particulares, para ponerlas a disposición de los ciudadanos en la opción de alquiler. Una medida que pretende de alguna manera poner en el mercado más viviendas en alquiler, destinadas a personas y unidades familiares con dificultad de acceder a una vivienda debido a su situación económica. Se calcula que en La Coruña y Ferrol existen unas 17.500 y 8.300 viviendas vacías respectivamente.
Pues bien, esta medida fue llevada por el Partido Popular a pleno en las grandes ciudades gallegas a través de una moción, que invitaba a los consistorios a adherirse al Programa de Vivendas Baleiras, fruto de la colaboración entre la Xunta de Galicia y la FEGAMP. La sorpresa es que en La Coruña, Vigo y Lugo, las Mareas se abstuvieron y en Ferrol incluso votaron en contra de la moción. Ayer Santiago se convirtió en la excepción al sumarse a la moción. Por una vez imperó el sentido común.
Si bien el número de desahucios ha disminuido el año pasado, todavía queda mucho camino por recorrer. El rechazo a la moción, no es más que no reconocer su incapacidad para aportar alguna solución efectiva ante los desahucios, al mismo tiempo que rechazan una necesaria colaboración institucional al servicio de los ciudadanos afectados. Las Mareas no tienen ninguna credibilidad a la hora de hablar de desahucios o problemas de acceso a la vivienda. Escuchar en María Pita decir que el Partido Popular miente en sus intenciones de poner encima de la mesa medidas concretas destinadas a paliar situaciones de desahucios, lanzamientos o acceso a una vivienda, es simplemente, además de mentir, negar o no reconocer la realidad a la hora de gestionar y aportar soluciones reales a esta problemática.
Señores de las Mareas, qué sencillo y barato sale emplear la palabrería ante una necesidad. No dejen de tener presente que los hechos son lo importante
