El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, ha solicitado una reunión urgente con responsables de Greenalia para conocer la situación del proyecto eólico de Campelo y aclarar las dudas surgidas entre los vecinos de la parroquia de Castriz ante recientes gestiones realizadas por representantes de la empresa.
Según informó el Concello, la iniciativa se produce después de que propietarios y residentes trasladaran su preocupación por la recogida de firmas para autorizar el uso de terrenos afectados por el proyecto.
Esta circunstancia ha despertado inquietud en la zona ante la posibilidad de que se estén produciendo avances relacionados con una eventual reactivación de la instalación eólica.
Romar ha solicitado a la compañía información “clara e transparente” sobre las actuaciones que está llevando a cabo y sobre la situación administrativa en la que se encuentra actualmente el proyecto. El objetivo, según explicó el Ayuntamiento, es conocer si existe algún procedimiento en marcha y cuáles son las intenciones de la empresa respecto a los terrenos afectados.
Oposición al proyecto Campelo, no a las energías renovables
El alcalde recordó además que el gobierno municipal ha manifestado en distintas ocasiones su rechazo a la implantación de nuevos parques eólicos en las ubicaciones actualmente proyectadas dentro del término municipal. No obstante, precisó que esta posición no supone una oposición a las energías renovables, sino a determinados emplazamientos y a los efectos que puedan tener sobre el territorio.
En este contexto, también recordó que en junio de 2023 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la autorización administrativa previa y de construcción, así como la declaración de utilidad pública del parque eólico de Campelo, promovido por Greenalia entre los municipios de Coristanco y Santa Comba.
“O Concello estará ao lado da veciñanza na defensa dos seus intereses e seguirá reclamando toda a información necesaria sobre calquera actuación que poida afectar aos nosos veciños e veciñas”, afirmó Romar, quien defendió la transparencia y la participación de los afectados en cualquier actuación con impacto sobre el territorio.
