La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) ha reclamado la retirada del proyecto de Real Decreto que desarrolla el listado positivo de animales de compañía y ha criticado que el borrador se haya elaborado, según sostiene la entidad, sobre datos “no verificados” y con un proceso orientado “a ejecutar una estrategia de lobby”.
La Federación Fauna considera que el texto no es “mejorable con aportaciones parciales”, sino que presenta deficiencias de base tanto en la evaluación de los datos como en su fundamentación jurídica.
FAUNA cuestiona especialmente las cifras incluidas en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del proyecto. Según la organización, el Gobierno empleó datos de la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF) sin realizar una estimación propia del número de animales afectados.
La entidad sostiene que la memoria contabiliza 1.488.000 terrarios como si fueran animales individuales y asegura que, aplicando proporciones utilizadas en otros países europeos, el número real de reptiles y anfibios podría situarse entre 5,9 y 10,5 millones de ejemplares.
El colectivo también afirma que el borrador equipara animales capturados en la naturaleza con ejemplares criados en cautividad con documentación CITES, una cuestión que considera incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre proporcionalidad en las restricciones.
Inasumible para las comunidades autónomas
Como ejemplo, la federación cita la prohibición de la pitón real en España en 2019 y señala que, pese a existir “decenas de miles” de estos animales en el país, en la Comunitat Valenciana solo se regularizaron siete ejemplares en el plazo habilitado.
La organización advierte de que las comunidades autónomas podrían afrontar un volumen de expedientes “inasumible” sin personal ni medios suficientes, mientras que el impacto administrativo es calificado en el borrador como “no significativo”.
FAUNA también critica el papel de organizaciones favorables al listado positivo, como AAP o ANDA, a las que vincula con campañas de lobby y con financiación pública estatal y europea.
La federación insta al Ministerio de Derechos Sociales a reconsiderar el proceso y anima a propietarios, criadores, veterinarios y asociaciones a presentar alegaciones antes de que concluya el plazo de consulta pública, fijado para el 8 de mayo de 2026.
