La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) lanzada por la Comisión Europea ha despertado una reacción inmediata en Galicia. La reducción prevista de más del 20 % en los fondos —unos 80 millones de euros anuales menos para el rural gallego— y la posible eliminación del segundo pilar, el dedicado al desarrollo rural, han empujado a la Xunta y a las principales organizaciones agrarias a construir un frente común para frenar la iniciativa.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió con representantes de Unións Agrarias, Asaga, el Sindicato Labrego Galego y Agaca. De ese encuentro surgieron dos medidas: la creación en septiembre de un grupo de trabajo conjunto y la convocatoria del Consello Agrario de Galicia. El objetivo es reforzar la posición gallega ante el Ministerio de Agricultura y las instituciones comunitarias.
Gómez alertó de que el nuevo diseño de la PAC podría recentralizar la gestión de los fondos, al integrarlos en un único paquete estatal compartido con áreas como Defensa o Interior. Esto, afirmó, pone en riesgo tanto la financiación como la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. A esa pérdida económica habría que sumar el aumento del cofinanciamiento exigido en varias intervenciones, lo que agravaría aún más el impacto sobre el sector.
Los sindicatos comparten el diagnóstico. Desde Unións Agrarias, Roberto García recordó que la propuesta aún debe pasar por el Parlamento Europeo, donde PP y PSOE podrían bloquearla. Francisco Bello, de Asaga, fue directo: “Estamos ante el desmantelamiento de la PAC”. El Sindicato Labrego Galego, por su parte, reclamó que se respete la singularidad del agro gallego y del conjunto de la Cornisa Cantábrica.
La Xunta ha solicitado una conferencia sectorial urgente con el Ministerio, aún sin respuesta. Mientras, la estrategia pasa por ampliar alianzas y mantener la presión. Porque, más allá de los números, lo que está en cuestión es el futuro del medio rural.
