El Comité Permanente del Convenio de Berna aprobó la propuesta de la Unión Europea para rebajar el estatus de protección del lobo en Europa, que pasará de «estrictamente protegido» a «protegido».
Este cambio, que permitirá mayor flexibilidad en la gestión de las poblaciones locales de lobos, entrará en vigor el próximo 7 de marzo de 2025, salvo que al menos 17 de los países firmantes del convenio manifiesten su oposición antes de esa fecha.
La propuesta, liderada por la Comisión Europea y respaldada por los Estados miembros excepto España, supone trasladar al lobo del Anexo II al Anexo III del convenio, lo que permitirá prácticas como la caza limitada bajo ciertas condiciones.
Biodiversidad y Protección de la vida rural
Según Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, esta medida busca un «enfoque equilibrado entre la preservación de la biodiversidad y la protección de los medios de vida rurales».
La Comisión subrayó que la iniciativa se basa en datos científicos, que muestran un aumento significativo en las poblaciones de lobos y su impacto en la ganadería en varias regiones europeas.
El gobierno central mantendrá al lobo en el LESPRE
En España, las reacciones han sido diversas. Desde el Gobierno central, el Ministerio para la Transición Ecológica insistió en que no habrá cambios en la protección del lobo ibérico, incluido en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) desde 2021.
Argumentan que cualquier modificación debe sustentarse en «conocimiento y ciencia».
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo ha asegurado que el lobo conservará su actual protección en España ya que los criterios de su inclusión en el LESPRE “son más válidos que nunca”.
La Xunta denuncia un aumento de ataques del lobo
Por su parte, comunidades como Galicia han aplaudido la decisión europea. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, señaló que este cambio «avala la postura de la Xunta», que considera que el estatus actual del lobo no refleja la realidad en territorios como el norte del río Duero, donde la población lupina es estable.
Vázquez destacó que los ataques de lobos a ganado en Galicia han aumentado un 72 % desde 2021, con más de 3.300 animales muertos este año. La Xunta, que ha destinado 11 millones de euros desde 2016 para compensar daños y financiar medidas preventivas, como pastores eléctricos y perros protectores, reclama una revisión de la protección del lobo en España.
El sector ganadero también se ha pronunciado. Organizaciones como ASAJA, COAG y UPA instaron al Gobierno español a alinearse con la nueva regulación europea. «Es hora de hacer una verdadera gestión de la especie», expresó UPA en sus redes sociales, mientras que ganaderos gallegos denunciaron pérdidas inasumibles por ataques, con explotaciones que han sufrido la muerte de hasta 12 vacas desde septiembre.
La decisión comunitaria promete un debate intenso en los próximos meses, mientras el Gobierno español y las autoridades autonómicas buscan equilibrar la conservación de esta especie con los intereses de las comunidades rurales y la actividad ganadera.
