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sábado, julio 13, 2024

El Tribunal Supremo protege a los productores de leche contra la venta a pérdidas

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una sentencia que protege a los productores de leche, impidiéndoles vender su producto a pérdidas. El Alto Tribunal desestimó el recurso interpuesto por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) contra el Real Decreto de 2022. Esta normativa obliga a que el precio pactado entre ganaderos e industria en los contratos del sector lácteo cubra los costes de producción.

FENIL había denunciado que dicha norma restringía la libertad de las partes para fijar el precio del contrato, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el Supremo señaló que el sector agroalimentario, y en particular el lácteo, está en una situación de vulnerabilidad debido al carácter perecedero y no almacenable de la leche, la atomización de los agentes implicados en las distintas fases productivas y el desequilibrio en su poder de negociación.

Dirigentes de Unións Agrarias

Situación de “vulnerabilidad” de los productores

El TS sostiene que la obligación de que el precio cubra el coste efectivo de producción tiene como objetivo legítimo evitar prácticas desleales que perjudican a la parte más débil de la cadena, los productores que se encuentran en una situación de “vulnerabilidad”.

La sentencia indica que esta medida es adecuada para fortalecer el poder de negociación de los productores y reequilibrar su posición en la cadena, promoviendo una libertad de negociación real y una competencia efectiva. Aunque limita, no elimina la libertad de negociación del precio.

La sentencia subraya que el objetivo final de asegurar un nivel de vida equitativo para los productores de leche está plenamente respaldado tanto por el Derecho europeo como por el marco constitucional español. El TS considera que la medida es proporcional y no puede considerarse irrazonable, inadecuada o arbitraria en relación con el objetivo perseguido.

En el recurso también intervinieron como demandadas la Administración del Estado y varias organizaciones agrarias como COAG, Unións Agrarias-UPA y la Unió de Pagesos. El Tribunal concluyó que la medida discutida es fundamental para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y proteger a los productores en su contexto de vulnerabilidad.

Unións Agrarias- UPA

UPA ha celebrado este fallo, pero además de las decisiones judiciales, la organización agraria recuerda la necesidad de seguir avanzando en la calificación y dotación de herramientas e instrumentos que garanticen el cumplimiento de la Ley de la Cadena de manera efectiva.

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