La nueva Ley de Bienestar Animal puede convertirse en una losa económica para los ayuntamientos españoles.
El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, ve «con preocupación» esta nueva normativa porque «no sé con quién se consultó ni a quién le preguntaron» y, por lo tanto, «si no se consensuó ni se preguntó, pues fue algo impuesto, y lo que se impone suele hacer aguas”.
El mandatario criticó la «falta de medios y la imposición» de «una ley de bienestar animal que procede de unas sensibilidades específicas de un rincón del gobierno y no representa lo que piensa la mayoría social del país”.
Pero que además, desde el gobierno, «nadie pone un euro» y se carga de responsabilidad a los municipios:
«A los ayuntamientos nos cuesta mucho mantener los abastecimientos y saneamientos, tenemos inversiones que hacer en centros educativos, y ahora nos mandan hacernos cargo de cada gato o cada perro que aparezca”, explica el regidor.
Opina que «Hay que gestionar y no idealizar” y critica que se pretenda cargar de “responsabilidades tremendas” a los ayuntamientos.
