La asociación de ganaderos “Agromuralla” ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente supuestas “prácticas ilícitas” por parte de las industrias lácteas que operan en Galicia que durante el Estado de Alarma “se han visto beneficiadas por una flexibilización de la normativa a cumplir, en cuanto a los contratos de compra de leche cruda de vaca en origen se refiere».
Contratos lácteos en peores condiciones
Denuncian que durante esta situación se han prorrogado contratos que ahora se han renovado en perores condiciones.»Aparte de que la situación por parte de las industrias lácteas puede ser constitutiva de un ilícito penal, están infringiendo varios conceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria al aprovecar la situación generada por la situación de alerta sanitaria para presionar a los productores para que firmen contratos con reducción del precio pactado» señalan desde Agromuralla.
Desde la asociación explican además que «Las industrias mantienen una postura impositiva y, lejos de negociar las condiciones de los contratos con los productores, imponen su voluntad y criterio, como si de un contrato de adhesión se tratase, dejando al productor sin capacidad de maniobra»,
Según detalla el portavoz del colectivo, Roberto López, «en la práctica los contratos no son negociados, sino impuestos y el productor corre el riesgo, si no acepta, de que la industria en cuestión no le recoja más leche».
Denuncian amenazas y represalias a productores de leche
Agromuralla denuncia que se incumple la obligatoriedad de hacer la oferta del nuevo contrato con dos meses de antelación y que “en algunos casos las modificaciones de los contratos que se ponen a la firma del productor contradicen el contrato en vigor, al pretender introducir un cambio en el precio establecido a través de un anexo al contrato cuando no puede realizarse un cambio de este tipo a través de dicho instrumento».
Entre otras quejas, Agromuralla denuncia que «se están dando casos de amenazas y represalias por parte de algunas industrias, como Leche Río, Inleit o Lactalis, contra algunos ganaderos que se niegan a firmar los contratos en las condiciones que la industria impone».
Solicitan a la AICA «se dé orden inmediata a las industrias lácteas para que cesen en las prácticas abusivas que vienen ejerciendo» y «se incoen los correspondientes expedientes sancionadores».
