Propietarios de montes de la comarca de Soneira han mostrado su indignación con algunos supuestos de la ley de prevención de incendios, en concreto con la prohibición de plantar especies frondosas como pino, eucalipto o acacias, a 50 metros de viviendas aisladas cuando éstas son ilegales y no figuran en ningún planteamiento. Por ello los afectados incluso creen que se pueden dar supuestos de prevaricación ya que las autoridades hicieron la vista gorda no impidiendo la construcción de casas u otras construcciones sobre suelo de especial protección o afectado por diversas figuras de protección y los que antes estaban legales ahora son los incumplidores.
Estos propietarios forestales están de acuerdo en llevar a cabo las tareas de limpieza en torno a los núcleos urbanos legales y desde donde las normas subsidiarias o los respectivos PXOM municipales lo contemplen sobre plano, pero creen que incorporar a la normativa construcciones ilegales que oficialmente no existen raya precisamente con la legalidad, por lo que alguno ya puso su caso en manos de un abogado.
Las circunstancias del suelo en Soneira como en el resto de la comarca con varias décadas de permisividad urbanística propicia que la nueva ley sea muy complicada de llevar a cabo de forma inmediata, incluso por las propias administraciones que no han eliminado la maleza o incluso superficie arbolada de buena parte de la red viaria. Uno de los propietarios afectados apunta a que «se a min me multan, terei que denunciar a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña porque dentro falta unha semana para que remate o prazo e nin sequera empezaron a limpar as súas estradas nesta comarca».
En estos años de vista gorda fincas de concentración parcelaria o incluso de montes en man común vieron como se levantaban en ellos viviendas. Asimismo muchas fincas agrarias o en zona urbana tienen pinos o eucaliptos. La ley no es nueva, viene de 2007, aunque hace unos meses se amplió la zona de afectación y este ultimatum ha llevado a la acción a docenas de vecinos, que también denuncian como los empresarios de la madera tiran los precios ante la gran demanda.
En estos tres años una docena de propietarios forestales en Camariñas y Vimianzo ya tuvieron que cortar sus superficies por denuncias en el juzgado de lindantes con casas, y otros muchos más por advertencias municipales tras reclamaciones vecinales. También se dieron varios casos en Ponte do Porto, Carantoña y Vimianzo de denunciantes con construcciones ilegales que como contrapartida tuvieron que derribar sus obras en el intercambio de demandas.
