Estaban previstos cuatro juicios para este jueves pero el equipo de gobierno liderado por Manuel Antelo asumió el error y decide reponer a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar en el horario que tenían inicialmente.
El alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo Pazos ha cedido en el pulso que mantenía con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar después de reducir la jornada laboral de las siete personas en una decisión unilateral con “una modificación sustancial de las condiciones de trabajo realizada sobre datos manipulados por el Gobierno Local y que no tenía amparo legal de ningún tipo” tal y como dejó claro la justicia en una primera sentencia del pasado 26 de mayo.
Según las propias trabajadoras, los juicios previstos para hoy en los juzgados de Lo Social 3 y 4 de A Coruña no llegaron a celebrarse “ya que en un claro reconocimiento del error cometido, optó por reponer a las trabajadoras en las 40 horas iniciales, así como por abonarles la diferencia de salarios dejados de percibir por las mismas desde el 1 de abril, que fue cuando les obligaron a trabajar a 30 horas, y realizar las pertinentes cotizaciones a la seguridad social». El regidor ya había anunciado en La Voz de Galicia su intención de rectificar. Hoy se confirmó, como adelantamos en Adiante Galicia.
El ayuntamiento de Vimianzo deberá abonar en el plazo de un mes esa diferencia salarial. Las trabajadoras manifestaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado, si bien lamentaron que el mismo sólo se haya alcanzado tras una sentencia judicial que daba la razón a una de ellas, así como que el Concello les haya obligado a realizar un desembolso económico para defender sus derechos laborales; consideran que la contienda judicial podría haberse evitado si el Alcalde no se hubiese empeñado en mantener “una decisión manifiestamente ilegal con el único fin de perjudicarlas y que no atendía a la situación real de prestación de servicios por parte del SAF”.
Las trabajadoras confían que se cumplan las decisiones judiciales, y anuncian que iniciarán las acciones legales oportunas contra todo aquel, Alcalde o miembros del gobierno, que menoscabe su honor o imagen pública denostando su trabajo o cuestionando las horas que realmente trabajan, declarando que no van a consentir más insidias sobre su profesionalidad.
