El exalcalde Alejandro Rodríguez y cuatro exmiembros de su gobierno, entre ellos el actual portavoz del PSOE, José Antonio Miñones, están imputados en esta causa, después del auto dictado por el Juez de Corcubión, Iván Barallobre.
La Casa da Cultura de Vimianzo fue una obra muy costosa que impulsó el gobierno socialista que lideró Alejandro Rodríguez. Generó una intensa polémica que terminó en una causa judicial aún abierta y que mantiene a varios imputados.
Según la información publicada por el periódico La Opinión (sobre un teletipo de Europa Press) el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Corcubión, Iván Barallobre dictó un auto en el que pide elevar al Ministerio Fiscal las diligencias realizadas y considera que los hechos que se imputan son constitutivos de un delito de prevaricación.
Imputada la junta de gobierno del PSOE
En el auto mantiene la imputación a los miembros de la junta de gobierno, formada por ediles del Partido Socialista, entre ellos el exalcalde, Alejandro Rodríguez Lema, y el actual portavoz del PSOE, José Antonio Miñones Riveiro. Completan la nómina Manuel Castro Lema, Claudio Pereira Baña y Alfredo Suárez Suárez. Esta junta local adjudicó las obras de la Casa da Cultura.
También figura como imputado el arquitecto municipal Julio Vázquez, por un supuesto delito de prevaricación, en comisión por omisión o bien “de participación como cooperador necesario”. El arquitecto fue objeto de un expediente impulsado por el actual gobierno nacionalista que lo sancionó de empleo y sueldo durante cuatro años. También figuran en la nómina de imputados el constructor y hermano del exalcalde, Manuel Rodríguez, y el técnico Jaime Casais.
Las obras de la Casa da Cultura, denunciadas en su momento por la portavoz del PP, Carmen Borbujo, tuvieron un importante sobrecoste cuyas obras se ejecutaron si seguir el procedimiento y se ejecutaron “con el conocimiento de ambas partes”.El auto alude a la declaración de una testigo que corroboró la existencia de reuniones sobre esta obra entre técnicos, alcalde y los miembros de su junta local. Esta obra se estima que tuvo un sobrecoste de unos 800.000 euros, sobre un presupuesto original de uno 1,2 millones de euros.
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