USO exige control público en los nuevos proyectos mineros gallegos

La Unión Sindical Obrera (USO) reclamó que los futuros proyectos mineros previstos en Galicia se desarrollen con empleo digno, garantías ambientales, transparencia y participación social, tras el anuncio de nuevas iniciativas vinculadas a Corcoesto, San Finx y Varilongo – Santa Comba dentro de la estrategia de explotación de materiales críticos.

El sindicato señaló que Galicia dispone de recursos, capacidad industrial y trabajadores preparados para impulsar este tipo de actividades y defendió que las iniciativas industriales pueden generar empleo y actividad económica en las comarcas afectadas. No obstante, advirtió de que el desarrollo de estos proyectos debe realizarse “con derechos, seguridad y respeto al territorio”.

USO destacó la importancia estratégica de los materiales críticos para sectores como la automoción, la tecnología o la transición energética, aunque subrayó que la creación de riqueza debe ir acompañada de “empleo estable, salarios dignos, prevención de riesgos laborales, control ambiental y retorno social real”.

En este sentido, el sindicato reclamó que las explotaciones garanticen contratación de calidad, formación profesional y prioridad para el empleo local siempre que sea posible. También exigió evaluaciones rigurosas de riesgos laborales, vigilancia de la salud y participación de la representación sindical en materia preventiva.

Empresas solventes

La organización sindical pidió además que las administraciones aseguren la solvencia técnica, económica y ambiental de las empresas adjudicatarias y que los informes ambientales sean públicos y sometidos a vigilancia independiente.

USO defendió igualmente que parte de los beneficios generados por estas actividades reviertan en las comarcas afectadas mediante empleo, infraestructuras, servicios y planes sociales.

“El futuro debe construirse con planificación, con seguridad jurídica, con derechos laborales y con protección ambiental”, afirmó el sindicato, que reclamó a la Xunta y a las empresas implicadas “máxima transparencia, diálogo social y garantías” durante todo el proceso.

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