– José Antonio Constenla Ramos-
La polémica regulación de la eutanasia ya está aquí. Estamos ante una norma ideológica impulsada para contentar a unas bases radicalizadas e instaladas en la cultura de la muerte. Dado su profundo calado social, necesitaría de un debate sereno y razonado que rebasase las cuatro paredes del Parlamento, y no tramitarse como proposición de Ley para evitar el filtro del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones profesionales médicas que se oponen a una medida que tiene implicaciones legales al afectar al derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución.
Pese a no responder a una demanda social urgente, tal y como se deduce de que no existan encuestas ni barómetros que la recoja como una preocupación de los españoles, el Gobierno ha convertido a la eutanasia en una prioridad, que de seguir adelante, se convertirá en un derecho incluido en la cartera de prestaciones del sistema sanitario, por el que podrá ponerse fin a la vida del paciente que lo solicite, en menos de 32 días, en el supuesto de enfermedad incurable que provoque padecimientos físicos o psíquicos intolerables.
¿Qué significa morir dignamente? Tal vez que la vida humana solo merece la pena ser vivida bajo determinadas condiciones y si se cumplen ciertos criterios de calidad. ¡No lo creo! La dignidad de la muerte no radica en la muerte en sí, más bien lo hace en el modo de afrontarla. No debiera, por tanto, hablarse de muerte digna sino de personas que afrontan su muerte con dignidad. Ante la enfermedad y la muerte, todos somos vulnerables y más en una sociedad castigada por la soledad, la debilidad y la influenciabilidad, que niega el sacrificio y prima el hedonismo. A nadie se le exige ser un héroe cuando vive una grave enfermedad, sólo se pide que como sociedad se priorice eliminar el sufrimiento humano, no al ser humano que sufre.
Frente al supuesto “derecho a morir dignamente”, expresión con gran capacidad de seducción pero sin contenido de fondo, se debe contraponer el “derecho a vivir dignamente”, a no a sufrir, a no estar sólo, a que te cuiden si estas enfermo, a no tener dolores ni una agonía prolongada artificialmente. Así, entre la “muerte indigna” y la eutanasia cabe una batería de intervenciones, desde las unidades de dolor a los cuidados paliativos.
Hablar de eutanasia como derecho es una “contradictio in terminis”, pues el derecho es “a algo bueno”, a la salvaguarda de los intereses y bienes de las personas, al despliegue de sus mejores posibilidades. La eutanasia lejos de ser progresista va en contra del avance de la ciencia, y resulta paradójico que cuando celebramos el aumento de la esperanza de vida en el último siglo, en más de 30 años, nos planteemos que cuando las personas enfermen o envejezcan se les aplique la eutanasia.
Antes de proponerla habría que fijarse en Holanda y Bélgica donde es legal y se han triplicado los casos y relajado los requisitos para practicarla, porque cuando algo se despenaliza se borran los límites y se abren puertas difíciles de controlar.
La eutanasia no es de derechas ni de izquierdas, tampoco un problema de creyentes o de agnósticos, simplemente es una cuestión de ética, humanidad, conciencia, justicia y sentido común. La vida como la muerte son realidades naturales, no definiciones legales y es por ello que llama la atención la ligereza con la que se habla de un tema tan complicado.
