Según el libro de los profesores Álvarez Tardío y Roberto Villa.Segunda parte del artículo sobre el libro “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” .
Rafael Lema
Violento e ilegal proceso en Galicia
En el análisis de Álvarez y Villa vemos como en el ámbito gallego suceden importantes anomalías y con muy relevantes nombres. En primer lugar, Galicia cuenta con el cuarto censo de España, y es en donde hay la diferencia más alta en la nación de entre mujeres votantes y hombres. Ciento siete mil mujeres más que hombres.
Es en donde más formaciones se presentan, y las mujeres participan con intensidad en todas las facetas (cartelería, reparto de votos, atención sedes, propaganda, recuento), pese a ello ninguna mujer ni siquiera figura en las candidaturas. La campaña electoral es muy violenta, con 50 muertos y 80 heridos en el país, destacando entre las provincias más violentas Madrid, A Coruña y Pontevedra.
El acto más grave en España contra una sede política tuvo lugar en Vigo el 7 de febrero, cuando un grupo de pistoleros sindicalistas asaltaron una sede de Falange, provocando al menos dos muertos y cuatro heridos muy graves, entre ellos un sindicalista por disparos de un guardia de asalto. Los actos de violencia política (detenciones, huelgas, agresiones, mítines impedidos) fueron 487.
El recuento en Galicia se hizo especialmente lento. En dos mesas de A Coruña capital un notario levantó acta de que la votación empezara con las urnas ya llenas de votos, dando lugar a una refriega entre izquierdistas y derechistas.
Aquí, en la mañana del 19 el avance del escrutinio puso a los conservadores por delante y los candidatos del Frente Popular lideraron una manifestación desde la sede de IR hasta el Gobierno Civil, alegando la manipulación de los resultados y acusando a los tres conservadores y centristas que se hallaban dentro presenciando el recuento (Eduardo O´Shea, Luis Cornide, Manuel Iglesias).
Algo inaudito, pues su contraposición con los gubernamentales era evidente. El gobernador José Cobreros, amedrentado por los manifestantes, cursó instrucciones para anular las actas de 56 colegios de los partidos de Arzúa, Carballo y Órdenes. Los manifestantes amenazaron con una huelga general para la tarde si no se encontraba una solución satisfactoria para las izquierdas. Llegaron adeptos de otros pueblos del entorno, que exigían amnistía y respeto para la voluntad popular expresada en las urnas.
El gobernador enterado por teléfono de la dimisión de Portela anunció a sus visitantes que «no tenía por qué estorbar que la voluntad popular se cumpliera» y les entregó el gobierno provincial, que quedó en manos de una comisión del Frente Popular liderada por el candidato de UR José Miñones.
Este ordenó registrar el edificio en busca de actas en blanco que probaran la connivencia del gobernador con los candidatos conservadores. Aunque nada obtuvieron detuvieron a los candidatos de derechas antes citados y al conservador José del Moral, para «resguardarlos de las iras del pueblo». Sin embargo estos alegarían ante la comisión de actas que se les retuvo para obligarles a renunciar a las mayorías y que el gobernador interino les amenazó con que si no lo hacían así, iniciarían una campaña para anular las elecciones y dejarles sin escaño (y cumplieron ambas amenazas).
Fueron puestos en libertad en la noche del 19 por afiliados de IR afectos al candidato Emilio González López, que no creía que hubieran cometido fraude alguno, pero los tres tuvieron que ausentarse de la ciudad por motivos de seguridad y no pudieron acudir al escrutinio oficial del día siguiente. Las nuevas autoridades coruñesas nombraron delegados gubernativos entre los militantes de izquierda con órdenes de hacerse con las actas electorales en varios municipios y detener a los dirigentes conservadores que se opusieran. Se enviaron otros para controlar la repetición de las elecciones del día 20 en Noia.
Estas medidas fueron anunciadas por los candidatos del Frente Popular desde el balcón del gobierno provincial a los manifestantes, anunciando que serían proclamados diputados los trece candidatos de izquierdas, como así sucedió. Uno de los oradores replicaría «o los trece o ninguno». Las manifestaciones en la ciudad continuaron, una ocupó el ayuntamiento. Desde el Ministerio de Gobernación se nombró a Julio Suárez Ferrín como gobernador a instancias del comité local del Frente Popular.
Crónica Meridional
En la noche del 19 ordenó interceptar las actas electorales que estaban llegando por conducto normal a la junta provincial del censo y para ello destituyó ilegalmente al administrador provincial de Correos, un cargo que dependía a efectos electorales de la junta central del censo. Nombró a un cartero adicto que con ayuda de otros izquierdistas se hizo con la documentación que se recibía de los municipios desfavorables al Frente Popular, «de ese modo, pudieron sustituirse por actas falsificadas en el Gobierno Civil que…garantizarían el triunfo de las izquierdas».
Todo esto salió en la prensa y el propio gobernador se jactó de haber cometido las ilegalidades. Las nuevas autoridades coruñesas dejaron de publicar avances del recuento. Las trampas se hicieron tan célebres que llegaron a conocimiento de Azaña, y Portela las calificaría como «disparatadas irregularidades».
En Pontevedra al anochecer del 18 iban ganando las izquierdas pero faltaban por escrutar la mitad de los sufragios y en zonas favorables a las derechas. Ese día activistas del Frente Popular rompieron varias urnas en Caldas de Reis, villa de significación conservadora. En A Guarda otro colegio cerró por orden gubernativa al poco de abrir.
La CEDA denunció que el 19 un delegado había detenido a sus apoderados en Ponteareas y que las certificaciones de sus interventores que les otorgaban la victoria en A Estrada y Cangas do Morrazo no concordaban con los datos anunciados por el gobernador que daban la victoria a centristas e izquierdistas. Ese día desaparecen las actas de A Guarda, Lalín y Meis en donde los conservadores esperaban ganar.
En Lugo el gobernador portelista Artemio Precioso además de intervenir las elecciones «dirigió el recuento». Al atarceder del 18 de febrero, cuando las derechas iban por delante en número de votos ordenó registrar los domicilios de varios candidatos conservadores y prohibió que los periódicos publicaran datos del recuento.
Por la noche emitió una nota de «inserción obligatoria» en los medios de prensa proclamando el triunfo de la candidatura ministerial por 15.000 votos de ventaja sobre la conservadora, «resultado inverosímil por la imposibilidad material de que estuvieron todos los datos en su poder, y más aún cuando continuaban celebrándose, el 18 y el 19, elecciones en varias secciones».
El diario monárquico «Alborada» desobedeciendo la orden publicó el último avance recogido del Gobierno Civil que ponía a los conservadores 3.000 votos por encima de la lista ministerial. Precioso le impuso una multa de 5.000 pesetas y ordenó la retirada del diario.
Los candidatos conservadores denunciaron que las certificaciones de sus interventores no concordaban con las cifras oficiales y acusaron al gobernador de haber interceptado las actas de Chantada para dar un pucherazo. Anunciaron que irían a la comisión de actas para entregar actas notariales de presencia que invalidadan 25.000 de los votos recibidos por la candidatura ministerial.
Los autores hablan de fraude de ley en las votaciones en las cuatro provincias gallegas que el 1 de abril son validadas por el pleno ante una cámara casi vacía, con dictamen en claro perjuicio a las derechas «ignorando toda evidencia jurídica y dejando en suspenso las convicciones morales». Este proceso sirve para anular otra victoria de la derecha en Ourense.
Comunistas, socialistas y republicanos acordaron proceder a este fraude masivo, e incluso el gallego Casares Quiroga estaba dispuesto a dimitir si no se admitían las manifiestas ilegalidades. Poco importaba que, por ejemplo, en A Coruña se denunciasen, como indican los autores, «toma tumultuaria del poder, detención de candidatos, cambios ilegales en el personal de Correos, secuestro de los documentos por delegados gubernativos, falsificación de las actas de votación en el Gobierno Civil, suspensión ilegal del escrutinio oficial para dar tiempo al cómputo de estas actas».
Dicen Álvarez y Villa que «los denunciantes habían recogido por actas notariales los resultados verdaderos archivados en las Juntas Municipales, coincidentes con la documentación que obraba en la junta central, por ello era factible un nuevo recuento, pero como este modificaba radicalmente la distribución de los escaños los vocales de la mayoría se negaron en redondo».
Son muchos los ejemplos de arbitrariedad manifiesta. Se anulan las elecciones en Ourense donde triunfan las derechas, porque pese a no admitir las mesas en la cual una candidatura obtuviese más del 80% de los votos o donde hubiera alguna reclamación (hechos insólitos ambos), sin embargo se validan a favor de las izquierdas mesas con más del 80% a su favor en Pontevedra (ganando así 40.000 votos la lista encabezada por Castelao o la de Portela), o en A Coruña donde en 188 mesas aparecían el 100% de los votos para el Frente Popular.
Calvo Sotelo denuncia que se anularan 106.000 votos de Ourense, sin protestas, la arbitaria disposición del gobernador ourensano a favor de Basilio Álvarez de delegados en pueblos, a quien se le atribuye además una queja para anular mesas que él ni siquiera había formulado.
Anular 106.000 votos, casi todos de una provincia obligaban a una nueva elección y no a este veredicto, que en otras circunscripciones por supuesto no se aplicó. La reubicación de escaños sin estas alteraciones daría entre 226 y 230 actas a las izquierdas y entre 223-227 a las derechas, otorgando importancia capital a una segunda vuelta.
